Comisiones Obreras de Andalucía | 2 mayo 2024.

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    CCOO califica el decreto de simplificación administrativa del Gobierno andaluz de “barrido normativo sin consenso ni diálogo en beneficio del empresariado”

      19/02/2024.

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      “Simplifica para las empresas, pero a lo largo del texto no encontramos ni una sola medida importante que facilite los procedimientos y trámites a la ciudadanía. Las declaraciones se generalizan, pero para cuando la ciudadanía solicita la Renta Mínima Garantizada, la valoración de la dependencia o cualquier otro trámite, éstas no son válidas, por lo que el Gobierno parece no fiarse de la ciudadanía, pero de las empresas sí”. La secretaria de Institucional y Comunicación de CCOO de Andalucía, Nuria Martínez, ha sido clara al valorar el decreto-ley de simplificación administrativa del Gobierno andaluz que se publicó en BOJA el viernes 16 de febrero. “Hemos tenido que hacer un análisis urgente de una norma de 620 páginas que se anuncia como una revolución del marco legislativo autonómico y que afecta a más de 450 normas en poco más de dos días, en un intento claro del Ejecutivo por coartar el debate público, el consenso y el diálogo con los agentes sociales y económicos”.

      Pese al escaso tiempo, que ha sido denunciado por CCOO, la dirigente ha aseverado que “estamos ante una norma que, en conjunto con los tres anteriores decretos, constituye un barrido normativo hecho por y para el mundo empresarial con el fin de desregular y liberalizar una inmensa mayoría de materias que afectan a los andaluces y andaluzas”.

      Asimismo, la dirigente ha acusado al Gobierno andaluz de llevar a cabo “un ejercicio continuo de marketing con este decreto-ley, buscando en todo momento posicionarse del lado empresarial en una carrera competitiva a la baja con otras comunidades autónomas por eliminar impuestos y burocracia sin tener en cuenta aspectos como el deterioro de los servicios públicos, la inseguridad jurídica y los efectos negativos que puedan provocarse derivados de la poca inspección y control”.

      En ese sentido, Martínez ha advertido que en el decreto-ley el empleo, el interés social, la mejora de los servicios públicos y los derechos de las personas trabajadoras “son los grandes olvidados” y ha calificado de “reprobable” la manera de justificar su aprobación, ya que alude de manera reiterada a evitar colapsos administrativos, agilizar tiempos y eliminar burocracia cuando lo que realmente esconde es la insuficiencia de personal en los servicios públicos y la necesidad de reforzarlos. Eso sí es una cuestión de extraordinaria y urgente necesidad”, ha apostillado.

      También “ha desmontado” la dirigente sindical el argumento esgrimido por el Gobierno andaluz de incluir en el decreto-ley medidas bajo el paraguas de “urgente necesidad, ya que muchas de ellas llevan años negociándose o, en otros casos, deberían llevar un trámite ordinario”. “La realidad es que el Ejecutivo ha aprovechado este decreto-ley para incluir por la puerta de atrás regulaciones que llevaban años elaborándose y durante todo el texto se justifica la inclusión de diversas medidas con argumentos inverosímiles”. Uno de esos argumentos es justificar la apertura obligatoria de domingos y festivos en el comercio “en que la ciudadanía tiene acceso permanente al comercio online, obviando a los trabajadores y trabajadoras del sector”. Asimismo, el decreto-ley incumple otra premisa ya que ninguna de las medidas se estima provisional, sino que buscan perdurar en el tiempo.

      Otra de las cuestiones que ha denunciado el sindicato es que en la exposición de motivos de la norma se aluda al cumplimiento del Pacto Social y Económico para el impulso de Andalucía firmado hace casi un año. “Muchas de las medidas incluidas en ese Pacto forman parte del decreto-ley, pero el Gobierno andaluz incumple el precepto básico de que las medidas se negociaran previamente con los firmantes del Pacto”. “El presidente del Gobierno andaluz tiene que entender el valor de los pactos que firma y la necesidad de cumplirlos, por lo que desde CCOO le exigimos que no aplique el rodillo de su mayoría absoluta y devuelva esta norma al diálogo social, permitiendo un debate público necesario para configurar el futuro de Andalucía”, ha declarado la secretaria de Institucional del sindicato.

      Además, CCOO ha instado a los partidos políticos a explorar las posibilidades de presentar un recurso de inconstitucionalidad, “ya que hay materias y normas en su contenido que no justifican el uso del decreto-ley”.