Comisiones Obreras de Andalucía | 19 abril 2024.

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    Índice de precios de consumo (IPC)

    El incremento del IPC supone un “castigo a la maltrecha economía de personas trabajadoras, pensionistas, desempleadas y autónomas”

    • El incremento continuado de los precios, que ha vuelto a crecer hasta el 2,3% interanual, una décima más que en septiembre, afecta con especial crudeza a las trabajadoras y trabajadores así como al colectivo de personas jubiladas.
    • El hecho de que el IPC no deje de registrar cifras por encima del mínimo pactado constituye un obstáculo para la consecución de uno de los objetivos pactados en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación (AENC), la recuperación del poder adquisitivo perdido por las personas trabajadoras.

    14/11/2018.
    Monedas de euro

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    El índice de precios de consumo (IPC) creció en octubre hasta el 2,3% interanual, un 0,9% más que en septiembre, debido al fuerte encarecimiento de la electricidad y del gasóleo para calefacción, con lo que la inflación suma 26 meses consecutivos en positivo, los seis últimos creciendo por encima del 2%.

    Este incremento continuado de los precios supone “un castigo a la maltrecha economía de las personas trabajadoras, pensionistas, desempleadas y autónomas”, en opinión de la secretaria de Salud Laboral y Condiciones de Trabajo, Nuria Martínez Barco.

    “El hecho de que el empresariado no acceda a incrementar los salarios conforme al incremento del IPC, sumado al bloqueo que actualmente sufre la negociación colectiva en importantes sectores económicos; está haciendo que se precarice de forma sistémica nuestro modelo de relaciones laborales, una precarización de la que difícilmente saldremos si no es mediante la introducción de reformas que supongan una mejora sustancial de las condiciones de trabajo”, ha aseverado Martínez Barco.

    Ante esa realidad, Martínez Barco ha insistido en que es “crucial” hacer “una verdadera apuesta por la estabilidad en el empleo y la consiguiente reducción de la temporalidad injustificada en la contratación, además de un conjunto de medidas de protección social que permitan a la inmensa mayoría de personas gozar de una ciudadanía con plenitud de derechos.

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