Comisiones Obreras de Andalucía | 29 marzo 2024.

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    El sindicato tacha la decisión del Supremo de “aberrante” y reclama modificar la Ley Hipotecaria

    • El sindicato ha instado a las fuerzas políticas presentes en el arco parlamentario a "pasar de la indignación a cambiar las leyes que perjudican enormemente a la ciudadanía". La Ley hipotecaria lleva dos años parada y de haberse resuelto por los políticos no tendría que haberse dejado en manos de los jueces.

    08/11/2018.
    Convocatoria de concentraciones el sábado 10N ante la decisión del Supremo sobre las hipotecas

    Convocatoria de concentraciones el sábado 10N ante la decisión del Supremo sobre las hipotecas

    La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha tachado de "tremenda y aberrante" la decisión del Tribunal Supremo de que sean los clientes quienes asuman finalmente el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados y ha instado a las fuerzas políticas presentes en el arco parlamentario a "pasar de la indignación a cambiar las leyes que perjudican enormemente a los ciudadanos". “Valoramos que los partidos se muestren indignados y cabreados con esta situación, pero ellos tienen la responsabilidad de transformar esta indignación en hechos concretos, por los que les pedimos que cumplan su función, cambien las leyes que perjudican enormemente la ciudadanía y velen por el Estado de derecho del país", ha argumentado López Marín.

    De hecho, la dirigente ha recordado que la ley hipotecaria lleva dos años parada en el Congreso y de haberse resuelto por los políticos "no tendría que haberse dejado en manos de los jueces". De esta manera, ha llamado a modificar este reglamento de forma "rápida y urgente para que sea más garantista y ofrezca seguridad jurídica, tras la decisión tremenda del Tribunal Supremo”, insiste.

    Igualmente, CCOO ha explicado que el cambio de criterio y la forma en la que se ha producido (con una revocación en pleno de la Sentencia que había adoptado la sala especializada del Tribunal Supremo), “provocan una innegable alarma social e instalan una duda sobre la independencia judicial, que un estado de derecho no se puede permitir”.