Comisiones Obreras de Andalucía | 18 abril 2024.

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    La independencia económica de las mujeres a través del empleo es indispensable en la lucha contra la violencia de género

    • Es necesario incluir la esfera laboral “con más contundencia” de la que aparece en la ‘Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral Contra la Violencia de Género’
    • Las cifras de temporalidad en las trabajadoras víctimas de violencia de género están en el 80% y las parcialidad en el 57%. Se hace poco uso de los contratos bonificados, -solo 114 en 2016- y para puestos muy poco cualificados
    • Mejorar los mecanismos de denuncia, más infomación sobre los derechos laborales, sociales y económicos de las víctimas, reforzar presupuestariamente los servicios de protección y potenciar la formación y sensibilización en el ámbito educativo son propuestas de CCOO para mejorar la Norma contra esta lacra social

    07/05/2018.
    Mazo Justicia

    Mazo Justicia

    El sindicato ha denunciado los graves perjuicios que han supuesto los recortes en políticas de igualdad y contra la violencia de género así como la falta de compromiso en la prevención de esta lacra y ha exigido la ratificación del convenio de Estambul.

    La central ha valorado que la modificación de la Norma contemple la ampliación del concepto de violencia de género más allá del ámbito de la pareja o ex pareja e incluya cualquier otra forma susceptible de lesionar la dignidad, integridad o libertad de las víctimas.

    Por otra parte, CCOO ha insistido en que es necesario incluir la esfera laboral “con más contundencia de la que aparece en la Ley ya que las mujeres han sufrido con mayor agresividad los recortes y la austeridad y muchas de ellas han perdido sus puestos de trabajo, su poder adquisitivo, -1 de cada 2 cobra por debajo del SMI-, se han visto expuestas a mayor precariedad con un 70% de contratos a tiempo parcial, o han sido expulsadas del mundo laboral con la vuelta obligada al rol tradicional de los cuidados del hogar y la familia”.

    Además, pese a que la Ley de 2007 incluye una serie de derechos laborales, sociales y económicos que buscaban mejorar la situación laboral de la mujer, ha habido una escasa puesta en práctica de los mismos, así como de las medidas referidas al fomento del empleo en las mujeres víctimas violancia de género. De hecho, las cifras de temporalidad están en el 80% y las que parcialidad en el 57%. Asimismo, se hace poco uso de los contratos bonificados, -solo 114 en 2016-, y para puestos muy poco cualificados.

    CCOO ha recordado que está trabajando para que en las empresas se implanten protocolos para la prevención del acoso sexual y ha incidido en que es “fundamental” que la sociedad esté informada de que el acoso sexual en el puesto de trabajo es violencia de género y como tal puede ser denunciado y sancionado.

    “La independencia económica de las mujeres a través del empleo es indispensable para que una mujer víctima de violencia de género decida abandonar esa situación y para ello tienen que tener apoyo institucional para acceder a un empleo y un entorno laboral libre de cualquier tipo de violencia estructural”, reivindica CCOO.

    En ese sentido insiste en que hay que incorporar a la Ley las medidas consensuadas en la propuesta que se ha hecho desde Andalucía al ‘Pacto de Estado para la erradicación de la violencia contra las mujeres’, al tiempo que ha exigido al gobierno de España que lo dote presupuestariamente.

    Mejorar los mecanismos para que la denuncia sea eficaz, difundir infomación sobre los derechos laborales, sociales y económicos de las víctimas, reforzar presupuestariamente los servicios de protección, darle más importancia al Observatorio andaluz de violencia de géneo y potenciar la formación, la educación y la sensibilización en el ámbito educativo son otras de las propuestas que hace CCOO para mejorar la Norma contra esta lacra social.

    Por último, el sindicato ha declarado que “echa en falta” el desarrollo amplio y explícito en la Ley de los mecanismos de coordinación, cooperación y participación de entidades, instituciones, agentes sociales y organizaciones sindicales y una calendarización de las acciones a poner en marcha

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