Comisiones Obreras de Andalucía | 28 marzo 2024.

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    Comparecencia ‘Proyecto de Ley de Medidas frente al Cambio Climático de Andalucía’

    Es necesaria una ‘transición justa’ para Andalucía basada en el empleo de calidad y la participación social

    • La futura Ley presenta una gran deficiencia para desarrollar unas políticas contra el cambio climático desde la perspectiva social y sostenible, de ahí que aboguemos porque en la misma se definan claramente los mecanismos para desarrollar una transición justa en Andalucía
    • El sindicato reclama que sea una prioridad en la agenda política la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible para la comunidad andaluza
    • Para que haya una transición justa debe haber inversiones públicas en sectores bajas en carbono, políticas activas de empleo, reconversión económica y formación y recapacitación profesional, entre otras medidas

    09/04/2018.
    Imagen de archivo sobre cambio climático

    Imagen de archivo sobre cambio climático

    El secretario de Política Institucional y Coordinación de CCOO de Andalucía, José Blanco, ha recordado que desde que se puso en marcha el primer borrador para una Ley de Cambio Climático en 2014, el sindicato ha apoyado la iniciativa y, aunque entiende que en estos años se han incorporado propuestas de mejora en el proceso de participación, la futura Ley, adolece de la perspectiva social necesaria para una justa transición en Andalucía.

    Así, el documento de CCOO recoge, por ejemplo, que la Norma no habilita instrumentos de participación en los ayuntamientos para desarrollar planes contra el cambio climático, “lo que hace pensar en una administración miedosa de la participación social”. Mientras, el sindicato considera que dicha participación es “la pieza clave del éxito de todas las políticas en la lucha contra el cambio climático y para una transición justa”. “Por ejemplo, los planes municipales contra el cambio climático se propone como obligatorio para todas las poblaciones mayores de 50.000 habitantes y para el sindicato esa obligatoriedad tendría que ampliarse a las poblaciones de más de 20.000 habitantes”.

    En referencia a la transición justa, el dirigente sindical ha dejado claro que para CCOO “es aquella que va hacia una economía con bajas emisiones de carbono y resistente al clima, apovechando al máximo los beneficios de la acción climática para la creación de empleos de calidad, al tiempo que se reducen al mínimo sus efectos negativos para las personas trabajadoras y sus entornos”.

    Según ha reseñado Blanco, “eso significa inversiones públicas en sectores y tecnologías bajas en carbono, pero también políticas activas en empleo y reconversión económica y formación y recapacitación profesional para el desarrollo de competencias para una reestructuración económica profunda y para aumentar la resiliencia a un clima cambiante.

    Además, el sindicato ha pedido una evaluación temprana de las consecuencias sociales y económicas del cambio climático en los sectores productivos, en la salud y en el empleo; y reforzar los sistemas de protección social e inversiones públicas en sectores clave como la sanidad. “La transición justa exige planificación, financiación y una gestión concertada entre las diversas partes afectadas e implicadas como son la Comunidad Autónoma, los ayuntamientos, las empresas y las organizaciones sindicales y sociales”.

    En cuanto a la tramitación de la Norma, CCOO se ha mostrado “incrédula” por el retraso, ya que estará en pleno funcionamiento en 2022, lo que implica que se habrán pasado los plazos para los objetivos planteados desde Europa para el año 2020 y se pueden poner en peligro los objetivos del 2030. “En Andalucía, -matiza Blanco-, el Plan Andaluz de Acción por el Clima es el instrumento general de planificación del gobierno andaluz para actuar contra el Cambio Climático pero entendemos que tendría que recoger objetivos y plazos a cumplir en energía renovable, autoconsumo energético, movilidad sostenible, y en eficiencia energética y edificación”.

    “Igualmente, si el sector del transporte es el responsable de la emisión del 25% de las emisiones brutas de CO2 de nuestra Comunidad, ha de ser una prioridad en la agenda de la acción politica, la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible de Andalucía”, plantea el sindicato.